Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron hoy, con el apoyo del Frente para la Victoria, dictámenes de mayoría favorables a cinco proyectos de ley destinados a implementar el nuevo Código Procesal Penal (CPP) y el sistema acusatorio, que serán tratados en el recinto el miércoles próximo.

Se trata de las leyes de implementación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la ley orgánica del Poder Judicial y una reforma del Código Penal, que entrarán a regir el 1 de marzo de 2016.

El radicalismo y el peronismo federal presentaron dictámenes en minoría con observaciones en particular, en especial respecto a lo que entienden como "un exceso de facultades" que el proyecto kirchnerista le adjudica a la Procuración General de la Nación y especialmente a su titular, Alejandra Gils Carbó.

Ayer, tras el cierre de un mes de consultas, el presidente de la comisión bicameral, el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), anunció varias modificaciones al proyecto de implementación del CPP, entre las que se destaca el cambio de la fecha de puesta en marcha de la normativa, que estaba prevista para el 1 de septiembre de este año.

Por otra parte, el oficialismo cambió en el proyecto la modalidad de aplicación gradual, por jurisdicciones, del CPP en el ámbito de la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al resolver que se aplique en todo el distrito de una sola vez.

Si se insistía con la versión original, Urtubey estimó que iba "a generar una litigiosidad innecesaria" en la Ciudad.

Otra modificación que surgió del informe que presentó el kirchnerismo es la que determina que la comisión bicameral que trabajó en la ley de aplicación del CPP seguirá en funciones y se elimina comisión que creaba el proyecto original para ser órgano ejecutor de la puesta en marcha de la nueva legislación.

En este sentido, Urtubey explicó que se reconocerá a la comisión bicameral que actualmente él preside "como la que va a realizar o monitorear la implementación" del CPP, la cual se complementará con una secretaría técnica y un consejo asesor y funcionará con el presupuesto que le hubiera correspondido a la comisión cancelada.

A su vez, el senador destacó que en la ley de implementación se incorporaron artículos "expresos de salvaguarda de todos los derechos de los trabajadores y funcionarios judiciales", que se replican en las disposiciones transitorias de las leyes de reforma de los ministerios Público Fiscal y de la Defensa.

La protección alcanzará también a los trabajadores contratados, quienes tendrán los mismos derechos que los de planta permanente. La cuestión había suscitado "una enorme inquietud" en los judiciales, admitió Urtubey.

Las otras leyes que el miércoles 27 se tratarán en el recinto son las del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, en el que se reemplazará por ejemplo los tradicionales términos de "curador" y tutor" por "defensor público curador" y "defensor público tutor".

Los restantes se refieren en un caso a la ley orgánica del Poder Judicial, que definirá los nuevos juzgados de garantías, y la reforma del Código Penal para establece "la extinción de la acción".

El senador radical Angel Rozas expresó la visión crítica de su bloque respecto a lo que cree es "un exceso de facultades concentradas en la persona de la Procuración General".

"La independencia, la autonomía, la objetividad no puede estar referida a la personalidad de quien ocupa el cargo. Esa independencia tiene que estar garantizada en el sistema", sostuvo el senador por Chaco.

También presentó un dictamen propio la senadora Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, quien en general se mostró conforme con los cambios introducidos por el kirchnerismo pero propuso además la creación de una "policía judicial" y que la Morgue Judicial, que actualmente depende de la Corte Suprema de Justicia por un decreto de 1958, sea incluida en la nueva ley.